Los equipos de control migratorio del Gobierno británico han desplegado una ofensiva sin precedentes en las calles de Reino Unido. Durante el año 2025, los agentes del Home Office ejecutaron un total de 23.538 operaciones, lo que supone un promedio superior a las 60 intervenciones diarias. Sin embargo, el despliegue contrasta con los resultados reales a pie de campo: 15.578 de esas redadas, dos de cada tres, concluyeron sin una sola detención.
Una investigación conjunta desarrollada mediante solicitudes de transparencia por el Bureau of Investigative Journalism y el diario The Guardian saca a la luz la fragilidad legal y operativa sobre la que se sustenta esta estrategia.
Los datos revelan que apenas el 25,8% de las incursiones en establecimientos comerciales se realizó con una autorización judicial. La cifra contrasta con la dinámica registrada hace una década, cuando más del 40% de las intervenciones contaba con el respaldo explícito de un juez.
Entradas sin orden y soplos anónimos
La vía rápida de acceso al interior de las empresas se basa en el consentimiento del responsable o en los resquicios normativos. Más de 12.000 entradas en 2025 se produjeron bajo el visto bueno del propio dueño, mientras que en bares, restaurantes y pubs los agentes recurrieron a las facultades de inspección que les otorga la Ley de Licencias de 2003 para actuar sin orden judicial.
La procedencia de las alertas también delata el funcionamiento del sistema. El 89% de las denuncias por supuestos delitos de inmigración proviene de chivatazos de particulares o llamadas a la línea anónima Crimestoppers. Apenas un residual 2% tiene su origen en investigaciones de la Policía.
El foco operativo abarca desde restaurantes, peluquerías y lavaderos de coches hasta almacenes, obras de construcción y viviendas privadas, pasando por controles aleatorios en estaciones y puertos. A la par, el Ejecutivo promociona los arrestos mediante vídeos difundidos en TikTok e Instagram.
“No se puede pedir una orden judicial si la información que tienes es antigua”, explica Kevin Barker, exagente de inmigración que hoy asesora a negocios acusados por error. Diversas organizaciones de apoyo a los migrantes coinciden en que la presión se ejerce a menudo a partir de sospechas débiles o datos sin verificar.
La mancha del error en los negocios
Las consecuencias de las intervenciones erróneas golpean directamente a la economía local. En el restaurante indio Sultanz, ubicado en Camborne (Cornualles), una veintena de agentes irrumpieron un viernes de octubre de 2025 mientras los clientes cenaban, actuando sin orden judicial.
Durante la redada esposaron y detuvieron a Nanu Mia, un trabajador que disponía de toda su documentación en regla. La policía lo liberó cuando su hermana presentó su identidad en el propio local.
El impacto sobre el comercio, sin embargo, resultó irreversible. “No entienden cuánto dinero he invested en este negocio”, lamenta Samsu Ali, dueño del restaurante, denunciando pérdidas de clientela y comentarios racistas en grupos locales de Facebook a raíz del operativo.
Batalla política y marco legal
El Home Office rechaza “rotundamente” que se trate de redadas de tanteo a ciegas y sostiene que toda información es filtrada previamente. Un portavoz oficial destaca que la actuación policial alcanzó la cota más alta de la historia británica tras los últimos comicios, registrando un repunte del 111% en las redadas y del 122% en arrestos por empleo irregular.
En la misma línea, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, defiende que estas intervenciones protegen las fronteras al desmantelar el atractivo del trabajo informal.
La oposición de izquierdas califica de desmedida la campaña. Mothin Ali, vicelíder del Partido Verde, advirtió que Reino Unido no debe importar el manual de actuación del servicio de inmigración estadounidense ICE.
La normativa establece que los agentes pueden requerir documentación si informan explicitamente de que el consentimiento de entrada se puede revocar, un aviso que la investigación cuestiona que siempre se traslade.
El marco legal prohíbe además cualquier arresto si no concurre una sospecha razonable de delito, planteando serios interrogantes sobre las futuras intervenciones en territorio británico.
TE LO RECOMENDAMOS:
