La mano dura frente al vandalismo juvenil encendió las alarmas en Italia. El Gobierno liderado por Giorgia Meloni aprobó este martes un paquete de medidas de seguridad urgentes destinadas a reprimir con severidad los altercados violentos tras los saqueos e incendios perpetrados el pasado fin de semana en la zona comercial del centro de Milán.
La estrategia ejecutiva contempla el despliegue inmediato de 500 soldados adicionales para reforzar el patrullaje policial en las calles de la capital lombarda hasta fin de año, buscando impedir una escalada de incidentes durante los próximos fines de semana.
“Los jóvenes vinieron a la plaza para destrozar cosas, robar y grabarse mientras lo hacían. Se trata de un fenómeno que debemos abordar con seriedad, también para evitar que esas imágenes se conviertan en un modelo a imitar”, denunció Meloni a través de un mensaje difundido en sus redes sociales. La jefa del Ejecutivo tildó la presencia masiva de menores entre los alborotadores como algo “doloroso y aterrador”.
Endurecimiento penal contra manifestantes
El decreto tipifica como nueva figura delictiva la participación violenta en manifestaciones, estableciendo penas de hasta cinco años de cárcel y sanciones económicas de hasta 20.000 euros (22.500 dólares).
El castigo se agravará sustancialmente en casos de manifestantes con el rostro cubierto o cuando se registren heridos. Además, la normativa establece la responsabilidad financiera directa de los adultos o padres por los daños provocados por sus hijos menores de edad.
El decreto, que deberá ser ratificado por el Parlamento en un plazo de 60 días, elimina la evaluación judicial previa e impone la presunción legal automática de que cualquier mayor de 14 años posee capacidad plena para comprender la gravedad de sus actos.
Para dar respaldo operativo al sistema judicial, la jefatura de Gobierno anunció la habilitación de nuevas plazas en centros de detención juveniles y la incorporación de más magistrados especializados en la materia.
El juez instructor de Milán, Fabrizio Filice, dictaminó prisión preventiva para cuatro menores bajo cargos de devastación y saqueo. En su auto judicial, el magistrado alertó de un riesgo “muy alto” de que las revueltas vuelvan a repetirse a corto plazo, subrayando la presencia de un perfil “violento e insurreccional” en los grupos organizados.
La contención política del conflicto genera visiones encontradas. El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, admitió su inquietud ante las movilizaciones semanales convocadas contra el Ejecutivo para el sábado. “Me preocupa que esta situación, que nace también a raíz de un malestar que todos nosotros no podemos no ver, se enfoque solo en las violencias y en la represión de las mismas”, advirtió Sala. La autoridad local reclamó que la política aborde “las causas y el origen de ese malestar, sin buenismo ni indulgencia, pero con espíritu crítico”.
Para coordinar el operativo del fin de semana, Sala y el delegado del Gobierno en Milán mantienen este miércoles un encuentro clave con el ministro del Interior, Matteo Piantedosi.
En paralelo, la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) convocó una manifestación pacífica en la ciudad para repudiar la violencia. El sindicato subrayó que “la destrucción, el vandalismo y los saqueos son hechos inaceptables que no tienen nada que ver con el disentimiento ni la protesta social”.
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