El sistema de salud pública de Inglaterra (NHS) implementará a partir de abril de 2027 un conjunto de normas ambientales más estrictas dirigidas a las compañías farmacéuticas que aspiren a firmar contratos de gran envergadura.
Esta medida marcará un punto de inflexión en los criterios de selección de proveedores, obligando a las empresas interesadas a informar públicamente sobre su contaminación global, comprometerse a alcanzar emisiones netas cero para 2050 y presentar un plan detallado para reducir su huella de carbono. Quienes no acaten estos requisitos quedarán automáticamente descartados.
Las exigencias recaerán principalmente sobre aquellos proveedores que busquen acuerdos valorados en cinco millones de libras anuales o más, así como en las empresas que participen en los nuevos esquemas de compra de medicamentos, equipos médicos y otros insumos hospitalarios esenciales.
Preocupación en el sector médico y respuesta oficial
La medida ha generado una profunda inquietud entre destacados oncólogos británicos, quienes advierten que estas altas exigencias podrían elevar los costos de producción y reducir de forma drástica el número de compañías dispuestas a competir por las licitaciones públicas. Según los especialistas, un mercado con menos proveedores disponibles podría poner en serio riesgo el suministro de tratamientos oncológicos y, por consiguiente, la atención a miles de pacientes.
Por su parte, el Departamento de Salud del Reino Unido ha rechazado tajantemente estas críticas. Un portavoz oficial calificó de falsas las afirmaciones sobre un posible peligro para los pacientes y defendió la normativa como un paso fundamental en el compromiso ecológico del país. Mientras el debate continúa abierto, la balanza oscila entre la urgente necesidad de sostenibilidad ambiental y el temor a comprometer el acceso a fármacos vitales.
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