El primer ministro británico, Andy Burnham, ha manifestado su rotundo apoyo a la creación de una constitución escrita para el Reino Unido. A diferencia de la gran mayoría de las naciones del mundo, el país carece de un documento normativo único y se rige históricamente por un complejo mosaico compuesto por leyes, sentencias del derecho consuetudinario y tratados.
Desde que asumió el cargo hace apenas dos semanas, el exalcalde del Gran Mánchester ha convertido la transferencia de competencias a las administraciones regionales en el eje central de su Ejecutivo.
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Durante el fin de semana, al profundizar en sus ambiciosos planes de descentralización, Burnham insistió en la necesidad de dar un paso más allá: “En definitiva, creo que esto apunta hacia un nuevo acuerdo constitucional”, declaró.
Hacia un nuevo marco de gobernanza
Para el mandatario, resulta fundamental establecer un nuevo conjunto de principios claros sobre la forma en que debe gobernarse el país. En su argumentación, Burnham advirtió que “no es correcto que la gente tenga que discutir sobre cuestiones que son simplemente fundamentales… y la falta de una constitución resta poder a las regiones en esa situación”.
Esta iniciativa no surge completamente de la nada; el debate sobre la codificación constitucional cuenta con precedentes históricos recientes, impulsados en su día por figuras laboristas como el ex primer ministro Gordon Brown, bajo cuyo Gobierno el propio Burnham desempeñó funciones ministeriales.
No obstante, cualquier intento serio de codificar las normas fundamentales del Estado constituiría un proceso complejo de varios años, el cual requeriría investigaciones públicas exhaustivas y profundas consultas ciudadanas. Una comisión parlamentaria ya analizó esta misma vía durante una revisión quinquenal que concluyó en 2015 sin lograr un consenso político claro.
Descentralización fiscal en marcha
Este impulso reformista de carácter constitucional va de la mano de medidas económicas concretas. El pasado viernes, Burnham anunció sus planes para permitir que los alcaldes regionales de Inglaterra retengan una parte proporcional de los impuestos recaudados en sus respectivas demarcaciones. Esta medida busca dotar de autonomía financiera a las regiones y reducir el peso de una capital altamente centralizada.
A pesar de las profundas reformas institucionales emprendidas a finales de los años noventa, que propiciaron la creación de parlamentos autónomos en Edimburgo, Cardiff y Belfast, los expertos coinciden en señalar que Inglaterra sigue siendo una de las naciones más centralizadas de Europa, un desequilibrio que el actual primer ministro pretende corregir mediante un cambio de paradigma político.
