Los fallos en el sistema de expulsiones del Reino Unido quedan en evidencia tras un vertiginoso historial de impunidad. Un exsoldado eritreo en situación irregular fue puesto en libertad en lugar de ser deportado a su país natal tras cumplir condena por agresión sexual. La decisión institucional precedió a un nuevo ataque devastador: el individuo violó a una mujer durante una salida nocturna.
Radiet Meles, de 35 años, había sido sentenciado en 2019 a cinco años de cárcel por el intento de violación de una víctima en estado de inconsciencia durante una fiesta privada en Newport, al sur de Gales.
El veredicto judicial preveía su salida inmediata del territorio británico al concluir la pena. Nada de eso ocurrió. Las autoridades le permitieron permanecer en suelo británico, dejándolo en libertad para volver a circular por las calles.
Advertencias judiciales ignoradas por el Ministerio del Interior
Las alertas sobre la peligrosidad del agresor quedaron registradas en las actas de la primera condena. Durante la lectura de la sentencia hace cinco años, el juez Christopher Vosper dio por hecho que el delincuente no pisaría la calle al abandonar la prisión.
“Después de su liberación, es probable que permanezca en un centro de detención de inmigrantes”, señaló entonces el magistrado en la sala. “Como consecuencia de este delito y la sentencia impuesta, es probable que el ministro del Interior dicte una orden de deportación en su caso”.
Las palabras del tribunal no se tradujeron en acciones concretas del Ministerio del Interior. Meles eludió el internamiento preventivo y evitó los trámites de repatriación previstos por la legislación penal para ciudadanos extranjeros condenados por delitos graves.
Libre de supervisión efectiva, el exsoldado volvió a atacar en un entorno de ocio nocturno, perpetrando una segunda agresión sexual que reabre el intenso debate político sobre la custodia, la supervisión de inmigrantes en situación ilegal y la incapacidad de la administración británica para ejecutar las órdenes de expulsión aprobadas por los tribunales.
Las lagunas en el expediente del agresor reactivan las presiones parlamentarias sobre el Ministerio del Interior para esclarecer por qué la orden de deportación anticipada en 2019 jamás llegó a ejecutarse en los tribunales correspondientes.
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