Un ayuntamiento bajo el control del partido Reform UK ha desplegado un contingente de guardias de seguridad privados en tres centros urbanos tras alegar preocupación vecinal por la presencia de “reuniones de inmigrantes varones” alojados en un centro de acogida cercano.
El Consejo del Condado de Essex confirmó que seis agentes privados comenzarán a patrullar las calles de Braintree, Colchester y Chelmsford a partir de este lunes. La medida responde a una prueba piloto inicial con una duración fijada en tres meses.
El plan, bautizado formalmente como Operación Vanguardia, cuenta con una partida presupuestaria que alcanza las 150.000 libras esterlinas procedentes de un fondo destinado al desarrollo de la comunidad. Las estimaciones económicas difundidas por la propia formación política sitúan el coste del programa piloto en torno a las 118.000 libras esterlinas más IVA durante su primer trimestre de ejecución.
La decisión ha levantado una fuerte polvareda política y críticas inmediatas de colectivos locales, que acusan al consistorio de instrumentalizar la seguridad urbana. Portavoces de la oposición cuestionan la legalidad del despliegue y advierten sobre la falta de marco regulatorio para estos vigilantes privados en la vía pública.
“El propio informe del ayuntamiento y la policía nos dicen que no hay pruebas de ningún aumento de la delincuencia por parte de los solicitantes de asilo en Colchester”, denunciaron fuentes locales a la agencia de noticias Press Association.
La discrepancia entre los datos oficiales del orden público y la justificación del gasto municipal enciende el debate sobre las verdaderas atribuciones de este personal contratado.
“Esta decisión está claramente motivada por prejuicios. No tenemos respuestas sobre qué harán, qué poderes tendrán ni siquiera si el ayuntamiento ha consultado a la policía al respecto”, sentenciaron desde el entorno crítico con la medida.
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