El sistema educativo sueco ha tomado una decisión drástica en el arranque de su nuevo curso escolar. Coincidiendo con el inicio de las clases este lunes, ha entrado oficialmente en vigor una prohibición nacional del uso de los teléfonos móviles en todas las escuelas primarias del país, una medida respaldada por una reforma legal aprobada antes del periodo estival.
A partir de ahora, los alumnos tienen la obligación de entregar sus terminales al cruzar las puertas del recinto escolar, donde permanecerán bajo custodia hasta la conclusión de la jornada escolar, una restricción que se extiende de igual manera a los centros de actividades extraescolares.
La ministra de Educación, Simona Mohamsson, subrayó en un comunicado oficial la necesidad de este cambio: “Estoy convencida de que las jornadas escolares libres de teléfonos móviles reducirán el ruido en las clases y crearán mejores condiciones para que los alumnos se concentren en la enseñanza”.
Para facilitar la implementación de la norma, el Gobierno sueco ha destinado una partida económica de 95 millones de coronas suecas (aproximadamente 8,6 millones de euros).
Estos fondos están orientados a financiar la habilitación de taquillas especiales en los centros educativos y a cubrir los gastos administrativos derivados de la nueva legislación.
Con esta ley, Suecia se alinea con una tendencia ya adoptada por otros vecinos europeos como Países Bajos y Dinamarca, y demuestra que el terreno estaba parcialmente abonado, ya que cerca del 80 % de las escuelas primarias del país ya aplicaban algún tipo de restricción interna al respecto.
El panorama normativo en el resto de Europa
Mientras el modelo sueco se implanta con firmeza, otros países europeos experimentan vaivenes regulatorios en su intento por proteger a los menores del impacto digital.
En Francia, el Consejo Constitucional ha tumbado recientemente la ley impulsada por el Gobierno de Emmanuel Macron a finales de julio, la cual pretendía vetar el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años.
El organismo galo argumentó que la normativa era desproporcionada, carecía de la definición suficiente y vulneraba el derecho a la libertad de expresión e información al no considerarla ni apropiada ni necesaria.
Por otro lado, Portugal ha movido ficha en la misma dirección que los países nórdicos. El pasado 30 de julio, el Consejo de Ministros luso aprobó la prohibición de los teléfonos móviles en el tercer ciclo de enseñanza básica, una medida que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2027 y que extenderá la restricción hasta los 15 años.
De esta manera, el veto se sumará a las limitaciones que ya afectan desde el pasado septiembre al primer y segundo ciclos (hasta los 11 años), otorgando un margen de tiempo prudencial a los colegios para adaptar sus reglamentos internos de cara al segundo trimestre del próximo curso.
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