Cultura de las armas avanza en Brasil estimulada por Bolsonaro

Las armas de fuego viven un boom en Brasil en los últimos cinco años, ajeno al casi estancamiento de la economía y a la depresión en áreas como salud, ambiente, cultura, educación y derechos humanos. El presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro adoptó 43 medidas para facilitar el acceso de los civiles a las armas y municiones desde su toma de posesión en enero de 2019.

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Fueron 19 decretos presidenciales, dos propuestas de leyes y otras acciones administrativas, según el no gubernamental Instituto Sou da Paz. El mercado de esa rama industrial se multiplicó. Un tirador deportivo, por ejemplo, que antes podía comprar 16 armas y 40.000 municiones, pasó a tener el derecho legal de comprar 60 y 180.000 respectivamente. Además, la mitad de esas armas son de uso controlado, como fusiles semiautomáticos.

La práctica de tiro, antes restringida a mayores de 18 años, ahora es permitido a adolescentes de 14 años o más. Los cazadores pueden comprar armas sin límites. En consecuencia, la cantidad de los cazadores, tiradores deportivos y coleccionistas, los llamados CAC (en portugués), que pueden comprar decenas de armas legalmente, aumentó 473 % en Brasil en cuatro años, producto de las medidas del actual gobierno que facilitaron esa proliferación.

En números absolutos eran 117.467 en 2018 y alcanzaron 673.818 CAC que se declaran en actividad. Aumentó también, lógicamente, la cantidad de armas en manos privadas, que ya alcanzaban por lo menos 2,88 millones en junio de 2022, en un país con 214 millones de habitantes. Es una cifra aproximada porque suman registros de 2021 en el sistema de control de la Policía Federal y los de 2022 en el servicio similar del Ejército, avisa el Anuario Brasileño de Seguridad Pública, que divulga esos datos detallados de la violencia en sus distintas manifestaciones y sus factores.

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El estudio estadístico publicado habitualmente en julio, ocupa 516 páginas este año. Es obra del Foro Brasileño de Seguridad Pública, una organización no gubernamental de investigadores, policías, gestores públicos y miembros del sistema judicial.

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