El Ministerio del Interior del Reino Unido ha anunciado que las detenciones de inmigrantes que desempeñan labores de manera irregular se han duplicado desde la llegada del Partido Laborista al poder en julio de 2024.
Según el balance oficial, se han contabilizado más de 17.000 detenciones, lo que representa un incremento del 122% en comparación con el bienio anterior, marcando además un registro histórico de redadas en los últimos seis meses.
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, defendió las acciones gubernamentales al señalar que este refuerzo en las medidas de control sitúa los estándares de seguridad en los niveles más altos de la historia británica, advirtiendo que los empleadores sin escrúpulos ya no tienen dónde esconderse.
Sin embargo, estas cifras han sido recibidas con recelo por la oposición política, que acusa al Ejecutivo de maquillar la realidad.
Intensificación de redadas y sanciones millonarias
De acuerdo con los datos difundidos, las inspecciones en centros de trabajo aumentaron un 31% durante el primer semestre del año en curso, alcanzando las 7.270 redadas y derivando en 4.756 arrestos, un 20% más que en el mismo periodo previo. Las regiones con mayor incidencia de detenciones se concentraron en Londres, con 1.256 arrestos, un 32% más respecto a 2025, las Midlands Occidentales con 701, y el suroeste de Inglaterra con 693.
El impacto económico para las empresas infractoras también ha escalado de forma notable. Sectores como el comercio minorista, la hostelería y la estética acumulan 74 millones de libras esterlinas en multas civiles en lo que va de año.
Entre los operativos más destacados figuran intervenciones en un restaurante de King’s Road en Londres, inspecciones en obras de construcción y redadas en depósitos de reparto en Berkshire y Hampshire. Paralelamente, el número de personas retornadas a sus países de origen ha crecido un 50%, situándose en 2.357 casos.
Críticas de la oposición y nuevas medidas punitivas
Desde la bancada opositora, partidos como Reform UK han calificado las estadísticas oficiales como un insulto a la inteligencia del público británico. Dirigentes políticos de la oposición argumentan que la persistencia de oportunidades laborales irregulares actúa como un factor de atracción para la inmigración irregular, fomentando los cruces a través del Canal de la Mancha.
En respuesta al debate, el partido Reform propuso incentivar económicamente a los ciudadanos que denuncien comercios con empleados indocumentados, además de exigir multas corporativas de hasta el 10% de los ingresos globales y responsabilidades penales directas para directivos.
Por su parte, el Ministerio del Interior ha ratificado su compromiso de endurecer el marco punitivo. A partir del próximo 1 de octubre, las empresas y plataformas de la economía colaborativa que contraten personal sin papeles se enfrentarán a sanciones económicas de hasta 60.000 libras por cada trabajador irregular o a penas de prisión de hasta cinco años, buscando erradicar de forma definitiva los incentivos al empleo sumergido.
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