El tablero político ecuatoriano cruje con la fuerza de un seísmo judicial. La excandidata presidencial Luisa González, máxima referente del correísmo, fue detenida de madrugada en la provincia de Manabí durante un operativo sorpresa ejecutado por agentes especiales llegados desde Quito.
El arresto se produce a escasas semanas de las elecciones locales del 29 de noviembre, un proceso en el que su formación, Revolución Ciudadana, tiene prohibida la participación tras ser suspendida por la justicia electoral.
La Fiscalía General del Estado vincula la redada con el denominado caso Laberinto, una investigación enfocada en desentrañar presuntas irregularidades en el financiamiento político y los gastos de publicidad de la campaña presidencial de 2023.
Aunque el Ministerio Público ejecutó tres órdenes de arresto entre Manabí y Pichincha bajo cargos de posible lavado de activos, el nombre de la dirigente no figuró de forma explícita en el primer parte oficial.
La confirmación llegó desde las altas esferas de su partido, con denuncias públicas de la presidenta de la organización, Gabriela Rivadeneira, y un mensaje contundente del expresidente Rafael Correa en redes sociales.
El golpe policial en Canuto, la localidad rural donde González creció, agrava la tensión institucional en un país ya sacudido por otro expediente abierto bajo el nombre de Caja Chica, que investiga el supuesto ingreso de dinero en efectivo procedente de Venezuela para sufragar los comicios extraordinarios de 2023.
Desde el movimiento correísta denuncian una persecución sistemática orquestada desde el Gobierno de Daniel Noboa para neutralizar a la oposición de cara al futuro institucional del país.
«Apresaron a Luisa González. ¡YA BASTAAA!», escribió Correa en su cuenta oficial de X, mientras los tribunales preparan la formulación de cargos y el panorama electoral continúa cerrando filas frente a la inestabilidad.
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