El Consejo de Ministros ha dado luz verde en primera vuelta a los anteproyectos para reformar la ley de asilo y, de forma parcial, la ley de extranjería. Esta iniciativa legislativa responde a la necesidad de adecuar la normativa española al Pacto Europeo de Migración y Asilo, un reglamento comunitario orientado a homogeneizar los estándares de protección y control en la Unión Europea.
El anuncio llega en un momento de alta presión institucional, coincidiendo con la adopción de medidas extraordinarias para gestionar la crisis generada tras la entrada masiva de personas migrantes a través de la frontera.
Durante la presentación de las medidas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacó que el nuevo marco normativo se ha diseñado bajo un enfoque garantista y de estricto respeto a los derechos humanos.
Entre las principales novedades, la futura ley de asilo actualiza los conceptos de protección e incorpora de manera explícita motivos relevantes como la persecución por razones de género o discapacidad.
Asimismo, la normativa introduce un procedimiento acelerado de examen con un plazo máximo de resolución de tres meses y un nuevo mecanismo fronterizo de retorno enfocado en agilizar los expedientes desestimados.
Modificaciones en la ley de extranjería y triaje
Por su parte, la reforma de la ley de extranjería incide en aspectos fundamentales de la gestión migratoria al incorporar la figura del triaje. Este procedimiento obligatorio comprende un reconocimiento médico, controles biométricos, exámenes de vulnerabilidad e inspecciones de seguridad destinadas a identificar y canalizar a cada ciudadano extranjero según su perfil.
Aunque la normativa europea fija un margen máximo de hasta siete días para completar este proceso, el Ejecutivo ha decidido mantener el límite estricto de 72 horas en territorio nacional para salvaguardar los derechos de los afectados en dependencias policiales.
Mando único y medidas urgentes en Ceuta
En paralelo a las reformas legales, el Consejo de Ministros aprobó la declaración de situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta, articulando un mando único que estará encabezado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. El objetivo de esta medida es acelerar la toma de decisiones y optimizar la movilización de recursos públicos y privados para restablecer la normalidad en la ciudad autónoma.
El nuevo comité de dirección ha fijado como uno de sus ejes prioritarios la gestión de los expedientes de retorno y repatriación conforme al ordenamiento jurídico, prestando especial atención a la respuesta humanitaria dirigida a los menores no acompañados que permanecen en la región.
Para respaldar esta operación, el Gobierno ha articulado un real decreto destinado a flexibilizar los espacios de acogida y ha confirmado la transferencia de 25 millones de recursos extraordinarios orientados a reforzar la asistencia social en el territorio.
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