El expresidente de Paraguay y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, anunció este miércoles 4 de noviembre de 2026 que el oficialista Partido Colorado respaldará el pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña.
La decisión, que retira el sostén parlamentario al mandatario impulsado por el propio Cartes en las elecciones de 2023, se produce en el marco del colapso del Ueno Bank.
La intervención y disolución de la entidad financiera ha dejado sin acceso a sus ahorros a cerca de 2,9 millones de clientes y pone en peligro unos 850 millones de dólares en fondos públicos.
“Como presidente de la Asociación Nacional Republicana, no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados”, aseveró Cartes a través de un comunicado en la red social X, confirmando que la bancada oficialista acompañará la destitución para “reencauzar la institucionalidad”.
La posición de la ANR rompe la mayoría parlamentaria que blindaba a Peña y precipita conversaciones entre Cartes y el vicepresidente Pedro Alliana para acordar la línea de sucesión ejecutiva.
Ofensiva parlamentaria en marcha y sesión de urgencia
El libelo acusatorio contra el jefe del Ejecutivo fue presentado formalmente por un bloque de 35 legisladores opositores y disidentes bajo el amparo del artículo 225 de la Constitución paraguaya.
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, convocó dos sesiones extraordinarias para este jueves 5 de noviembre. La primera sesión abordará la acusación contra Peña, requerida de 53 votos sobre 80 para prosperar y remitir el expediente al Senado, donde se precisarían 30 votos de 45 para consumar la destitución.
La acusación política cuenta con el respaldo explícito del presidente del Congreso, Bachi Núñez, y de senadores como Óscar “Cachito” Salomón, quien acusó directamente a Peña de traicionar al país por dinero.
Por su parte, el diputado colorado disidente Mauricio Espínola advirtió que la permanencia de Peña liquidaría las opciones electorales del partido en los comicios de 2028.
Imputaciones judiciales y ley de emergencia para los ahorristas
El detonante de la crisis institucional fue la decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) de intervenir el Ueno Bank tras constatar que su solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo legal.
En el ámbito penal, la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción imputó a 27 personas por presuntas irregularidades en la concesión de préstamos y sobregiros a empresas vinculadas al mismo grupo económico entre 2025 y 2026. El fundador y mayor accionista de la entidad, Miguel Vásquez, fue trasladado esposado y con chaleco antibalas tras solicitarse su prisión preventiva.
Para contener la tensión social y las protestas desatadas en Asunción, Peña promulgó este miércoles una ley de emergencia que habilita un anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos de hasta 40 salarios mínimos, unos 19.787 dólares, por cliente en un plazo de cinco días hábiles. Asimismo, nombró al economista Raúl Vera Bogado como nuevo titular del BCP tras la renuncia de Carlos Carvallo.
“A todos los sectores políticos les solicito encarecidamente anteponer el interés de los ahorristas a cualquier otro interés”, reclamó Santiago Peña antes de que el Partido Colorado formalizara su apoyo a la destitución presidencial.
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