El rechazo parlamentario de PP, Vox, UPN y Junts a la normativa estrella sobre alquileres aboca al presidente del Gobierno a disolver las Cortes. Tras un fin de semana de encierro e intensas consultas en La Moncloa, el líder socialista convoca a las urnas mientras las calles se llenan de protestas ciudadanas.
El pulso político saltó por los aires este viernes en el Congreso de los Diputados. Ni el conflicto de Ceuta, ni los presupuestos prorrogados, ni los casos de corrupción acorralando al entorno de La Moncloa determinaron el fin abrupto de la legislatura.
El detonante final tiene nombre propio: Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada de la vivienda donde residió durante más de siete décadas. Ante el fracaso legislativo para sacar adelante sus dos decretos ley de vivienda, Pedro Sánchez anunció formalmente la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, ajustándose al margen mínimo fijado por la ley electoral.
“En esta legislatura nos ha tocado navegar en una coyuntura muy difícil. Hemos tenido que trabajar con un Congreso muy bronco en el que absurdamente muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer. Hemos tenido que combatir contra élites muy poderosas que quieren controlar el país. Y hemos tenido que lidiar con la peor oposición de la historia de la democracia”, aseveró el presidente del Gobierno desde La Moncloa.
La chispa social prendió tras la difusión internacional de las imágenes de los antidisturbios desalojando en camilla a la anciana madrileña, un suceso que motivó pronunciamientos de la ONU y masivas movilizaciones. La Puerta del Sol se convirtió en el epicentro de la indignación, albergando una acampada que superó las 2.000 tiendas de campaña y que derivó en marchas multitudinarias en más de doce ciudades para convocar una huelga general.
En la Cámara Baja, sin embargo, la aritmética sepultó las iniciativas del Ejecutivo. El primer decreto contemplaba proteger desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, aplicar un IVA del 10% a los pisos turísticos y frenar compras especulativas hasta 2028. El segundo texto planteaba obligar a los propietarios a justificar la no renovación de contratos de alquiler e indemnizar a los inquilinos.
La norma acumuló el rechazo del PP, Vox, UPN y la negativa decisiva de Junts. Los independentistas catalanes tumbaron el plan pese a los intentos de negociación hasta el último minuto, dejando insuficientes los apoyos de Sumar, Podemos, ERC, PNV y Coalición Canaria.
Alberto Núñez Feijóo afeó al Ejecutivo la falta de autocrítica. El líder de la oposición remarcó que Sánchez buscó culpar a los rivales políticos del problema habitacional tras una etapa caracterizada por la baja edificación de inmuebles públicos. Por su parte, la bancada socialista aceleró la maquinaria electoral para intentar canalizar la indignación popular. “Votar con V de vivienda o B de buitre. Esa es la disyuntiva”, manifestó el ministro de Transportes, Óscar Puente, marcando el tono del PSOE para la contienda de otoño.
Con las calles tomadas por manifestantes y las alianzas parlamentarias completamente rotas, la decisión devuelve la palabra a las urnas. Resta por ver si el electorado respaldará la apuesta del Gobierno o si la fractura del bloque parlamentario abrirá la puerta a una reconfiguración absoluta del mapa político español el próximo 29 de noviembre.
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