Portugal promulga la ley para acelerar la expulsión de inmigrantes irregulares

Grupo diverso de personas caminando por una calle empedrada de Lisboa con un tranvía tradicional al fondo Grupo diverso de personas caminando por una calle empedrada de Lisboa con un tranvía tradicional al fondo
El Gobierno de centroderecha en Portugal ha endurecido su política migratoria con nuevas normativas sobre control fronterizo y expulsiones.

El presidente de Portugal, António José Seguro, ha promulgado este lunes el proyecto de ley enfocado en acelerar la expulsión de inmigrantes en situación irregular.

La medida, promovida por el Ejecutivo de centroderecha encabezado por el primer ministro Luís Montenegro, recibió luz verde por parte del Tribunal Constitucional durante el fin de semana, despejando así el camino para su inminente publicación en el Diário da República y su consiguiente entrada en vigor.

Previamente, el mandatario luso había solicitado la revisión preventiva del texto al alto tribunal debido a dudas fundadas sobre la salvaguarda del interés superior del menor y la proporcionalidad en la privación de libertad de extranjeros sin antecedentes penales.

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Sin embargo, tras el fallo del Tribunal Constitucional que determinó la constitucionalidad de la norma y ofreció claridad interpretativa a las autoridades, el presidente procedió a su promulgación.

Endurecimiento del marco migratorio

La iniciativa, presentada originalmente en diciembre de 2025, busca agilizar los trámites de expulsión y frenar el uso abusivo de los mecanismos de asilo. Su aprobación parlamentaria se logró el pasado 17 de julio gracias al respaldo del Partido Social Demócrata, el CDS-PP e Iniciativa Liberal, junto con la abstención de la formación ultraderechista Chega.

Este movimiento legislativo se alinea con la estrategia de mayor control fronterizo impulsada por el actual Gobierno para revertir la política de puertas abiertas del anterior mandato socialista.

Cabe recordar que el Ejecutivo ya eliminó en 2024 el mecanismo de la «manifestación de interés», obligando a cualquier extranjero que desee residir en el país a contar previamente con un contrato o una oferta laboral formal.

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