El Ejecutivo británico ha transformado la residencia permanente en un derecho condicionado y escalonado que aleja las expectativas de cientos de miles de extranjeros.
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, presentó en el Parlamento la versión definitiva del modelo conocido como earned settlement, duplicando de cinco a diez años el plazo general necesario para obtener el codiciado indefinite leave to remain (ILR).
La normativa llegará formalmente a las modificaciones migratorias en diciembre y se desplegará de forma progresiva a lo largo de 2027, manteniendo los requisitos actuales de cinco años de manera transitoria. “La residencia no debe ser automática. Debe ganarse”, defendió el Gobierno en Westminster.
El nuevo sistema vincula directamente el tiempo de espera al nivel de ingresos, la aportación fiscal y la vía de entrada al país, estableciendo una horquilla que oscila entre los tres y los treinta años de tramitación.
Quienes perciban salarios superiores a las 125.141 libras anuales o accedan mediante visados de alto talento podrán solicitar la residencia a los tres años. El listón de los cinco años se reservará para profesionales públicos esenciales como médicos, enfermeros y profesores, contribuyentes con sueldos superiores a 50.271 libras y personas con vínculos familiares directos con ciudadanos británicos.
La vía general estipula un periodo de diez años para quienes alcancen un mínimo de 12.571 libras durante cinco de los últimos siete ejercicios. Las sanciones se endurecen para perfiles vulnerables o infractores, elevando a veinte años la espera para quienes hayan percibido ayudas públicas o quebrantado las leyes de extranjería, mientras que los migrantes irregulares que cruzaron en patera afrontarán hasta tres décadas de espera.
Los umbrales de acceso exigen además un nivel de inglés B2, la ausencia total de antecedentes penales, incluyendo amonestaciones policiales menores, la inexistencia de deudas con el Estado y un mínimo de tres años de cotizaciones a la National Insurance.
La presión sindical logró una rectificación clave respecto al sector de los cuidadores, permitiendo que aquellos que llegaron antes de mayo de 2025 con ingresos anuales de al menos 25.000 libras mantengan el derecho a los cinco años de tramitación, liberándoles además de la dependencia contractual de un único empleador.
Las reacciones políticas no se han hecho esperar ante una medida que fractura al propio Partido Laborista. Voces internas como la de la diputada Diane Abbott advirtieron del peligro de replicar un nuevo “escándalo Windrush” si los filtros se endurecen de manera retroactiva para quienes ya residen y trabajan en suelo británico.
Quedan blindados frente a la reforma los ciudadanos comunitarios amparados por el EU Settlement Scheme y aquellos extranjeros que ya poseían el estatus definitivo de residencia.
“El público debe tener la última palabra en lo que respecta al Brexit”, recordó recientemente el sector político británico en pleno debate sobre la reconfiguración de las fronteras.
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