La reciente entrada masiva de 72.000 migrantes por la frontera de Ceuta ha provocado una imagen política insólita en el Congreso de los Diputados. De forma paralela, Vox y Sumar han presentado duras iniciativas parlamentarias con un objetivo común: exigir que se estudie la exclusión de Marruecos de la organización del Mundial 2030.
El partido liderado por Santiago Abascal registró una proposición en la Cámara baja solicitando que la Comisión de Deportes debata su exclusión como país coorganizador del torneo. Esta medida llega apenas un día después de que la coalición de izquierdas, socio prioritario del Ejecutivo, presentara un documento de carácter similar.
TE LO RECOMENDAMOS:
Fuentes de la formación ultraderechista han confirmado además que estarían dispuestos a respaldar la propuesta de Sumar en el supuesto de que esta llegue a debatirse en pleno o en comisión parlamentaria.
Un pacto fracturado por la crisis migratoria
Desde las filas de Vox argumentan que “los gravísimos acontecimientos registrados en Ceuta los días 30 y 31 de julio han quebrado por completo los presupuestos de confianza y cooperación sobre los que necesariamente descansa una candidatura compartida”. A su juicio, el país vecino «no es un socio leal, ni para organizar un evento deportivo de esta magnitud ni para ninguna cuestión de vecindad».
También, la formación insiste en que las llegadas masivas de migrantes constituyen ataques directos contra la soberanía nacional y la integridad territorial española.
Estas circunstancias, según denuncian, generan serias dudas sobre la capacidad del Estado alauí para garantizar los estándares que exige un acontecimiento global de la magnitud de la Copa del Mundo. Por este motivo, reclaman al Gobierno central que defienda con firmeza el protagonismo de España y promueva ante la FIFA la revisión formal de la participación de Marruecos.
Por su parte, la postura de Sumar coincide en el fondo, aunque difiere en los matices formales. En su escrito presentado días antes, el espacio político sostenía que, mientras persistan dudas tan profundas sobre el uso político de flujos migratorios y vidas humanas, Marruecos no puede obtener el prestigio económico y la legitimación internacional que otorga un Mundial.
Desde la coalición recalcaron que la cooperación migratoria no puede funcionar como una válvula de presión sujeta a intereses diplomáticos coyunturales, criticando que los migrantes sean utilizados como moneda de cambio.
Críticas extendidas y el debate sobre la sede de la final
El rechazo a la copropiedad del torneo no se limita a estas dos formaciones. El secretario de organización de Podemos, Pablo Fernández, se sumó a las críticas a través de sus redes sociales, afirmando que España no debería organizar la competición junto a un régimen que, a su juicio, no respeta los derechos humanos, abogando por un evento compartido exclusivamente con Portugal.
Esta ofensiva política se produce en un escenario de incertidumbre tanto en el seno de la FIFA como en la propia organización del torneo, donde la mayor incógnita radica en la ubicación de la gran final.
Mientras que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, defendió en enero que el encuentro decisivo se disputará en España con el estadio Santiago Bernabéu como principal candidato, la presión marroquí va en aumento. Rabat impulsa ambiciosos proyectos urbanísticos e infraestructuras colosales, como el estadio Hassan II de Casablanca, diseñado con una capacidad de 115.000 espectadores.
Preguntada al respecto en la Cadena SER, la ministra de Deportes, Milagros Tolón, reiteró la confianza del Gobierno en la estabilidad de la candidatura conjunta.
«Nosotros respetamos, estamos en un Gobierno de coalición, a veces tenemos diferencias y, como Gobierno, apostamos por este Mundial», zanjó. Respecto a las informaciones procedentes de medios británicos sobre supuestas maniobras de la FIFA para desplazar la final, Tolón concluyó de manera tajante: «Queremos que la final sea en España porque lo merecemos, pero será la FIFA quien decida».
