La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este jueves 5 de noviembre de 2026 en Córdoba al empresario Cristian Corvillo, vinculado históricamente a los desplazamientos de Pedro Sánchez durante las primarias socialistas de 2017, dentro de una amplia redada policial ordenada por la Audiencia Nacional.
El operativo se ha saldado con seis detenciones, entre ellas la de Andrea de la Torre, pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y registros simultáneos en las sedes de Adif Alta Velocidad, en el domicilio valenciano del propio Ábalos y en distintos inmuebles de Madrid, Sevilla y Córdoba.
Aunque fuentes del PSOE consultadas por Infobae niegan que Corvillo ejerciera formalmente como chófer de Sánchez, su figura cobró relevancia tras acompañar al candidato en sus desplazamientos por Andalucía tras su dimisión en octubre de 2016, un rol por el que el propio presidente le agradeció en un acto público en Córdoba su “trabajo silencioso y desconocido”.
Las actuaciones proceden de la apertura de una octava pieza separada y bajo secreto decretada el pasado martes por el juez Ismael Moreno. La decisión del magistrado se basó en un informe confidencial elaborado el pasado 3 de noviembre por el área de Delincuencia Económica de la UCO, cuyos detalles precisos no se han hecho públicos en las resoluciones judiciales.
Lazos con la trama de las mascarillas y adjudicaciones públicas
El radar de la Guardia Civil sobre Corvillo se activó al rastrear las maniobras de compra de material sanitario en los primeros días de la pandemia de coronavirus. Según los atestados del caso, el 18 de marzo de 2020 a las 18.02 horas, el empresario envió desde una cuenta corporativa de su firma Egisse los certificados de equipos de protección individual al comisionista Víctor de Aldama, quien apenas cincuenta minutos después reenvió esa documentación a Koldo García.
Las pesquisas examinan además un registro contable de Aldama fechado en ese mismo mes, donde anotó la cantidad de 100.000 euros al lado del nombre de pila “Cristian”, un apunte bajo sospecha pero que la UCO matiza que no confirma por sí solo la entrega efectiva del dinero.
La vinculación de Adif Alta Velocidad en esta rama judicial obedece a las contrataciones de emergencia adjudicadas a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la mercantil canalizada por Aldama para el suministro de mascarillas.
Los investigadores indagan si Koldo García valió su ascendencia sobre el Ministerio de Transportes para direccionar contratos públicos tanto en la provisión de material biológico como en licitaciones de obra pública asignadas durante la etapa de Ábalos. En estas ramificaciones de la causa han comparecido anteriormente la expresidenta del ente ferroviario Isabel Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero.
Comparecencias previas y frente en los juzgados
Corvillo ya había tenido que pronunciarse sobre estos nexos en la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’ celebrada en el Senado en marzo de 2025, donde rehusó contestar a los grupos parlamentarios escudándose en la indeterminación de su estatus procesal en las diligencias de la UCO.
En septiembre de este mismo año, volvió a acudir a la Audiencia Nacional para declarar como testigo ante el juez Santiago Pedraz en la causa que investiga un fraude en el sector de los hidrocarburos coordinado por Aldama, admitiendo relaciones comerciales con el comisionista, pero desmarcándose del desvío de fondos.
Las pesquisas de la Guardia Civil intentan esclarecer ahora el alcance exacto de la documentación intervenida en las oficinas de Adif Alta Velocidad y el papel que desempeñaron los detenidos en el presunto cobro de comisiones ilegales.
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