Alemania, Dinamarca, Austria, Grecia y los Países Bajos prevén anunciar este lunes 16 de noviembre en Viena la puesta en marcha de un centro de deportación de migrantes en Ruanda, un país africano sin litoral.
El proyecto forma parte de una ofensiva coordinada para acelerar las expulsiones y contener los flujos irregulares hacia territorio comunitario tras la reciente reforma legal de la Unión Europea que autoriza el establecimiento de instalaciones de retorno fuera de sus fronteras.
Las cinco capitales habían adelantado en septiembre que negociaban con un tercer Estado la apertura de estos llamados “centros de retorno”, apenas un mes después de que el Ejecutivo ruandés confirmara en agosto el inicio de conversaciones preliminares con varios socios europeos.
Fuentes diplomáticas detallaron a la agencia AFP que la instalación en África centro-oriental arrancará como un programa piloto con capacidad inicial para unas 100 personas, repartiéndose un cupo aproximado de 20 migrantes por cada nación participante.
Diferencias jurídicas con el fallido plan británico
El diseño europeo busca esquivar el bloqueo judicial que hundió la iniciativa impulsada años atrás por el Reino Unido. A diferencia del pacto londinense, que pretendía enviar solicitantes a Ruanda para tramitar allí sus peticiones de asilo y acabó siendo descartado por el nuevo Gobierno laborista en 2024 tras una cadena de litigios, el mecanismo comunitario se aplicará exclusivamente a quienes ya hayan agotado todas las vías legales para permanecer en Europa.
Los gobiernos impulsores sostienen que el traslado cumple con el Derecho comunitario e internacional, fijando el horizonte de 2027 para que el recinto entre en pleno funcionamiento.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dependiente de Naciones Unidas, podría asumir un papel secundario en la operativa. Un portavoz del organismo confirmó que mantienen contactos con Estados miembros sobre la creación de estos mecanismos, recordando que la agencia cuenta con una dilatada experiencia asistiendo a migrantes en tránsito incluso en escenarios de alta complejidad.
Advertencias por el historial de derechos humanos en Kigali
El anuncio ha provocado el rechazo inmediato de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que cuestionan la idoneidad de Ruanda como destino de expulsión.
Clementine de Montjoye, investigadora principal de Human Rights Watch para África, señaló que el país posee un historial documentado de represión contra la disidencia, detenciones arbitrarias, malos tratos en prisión y respaldo a grupos rebeldes armados en la vecina República Democrática del Congo.
«Pagar a Kigali para que acoja un programa de deportación no solo causaría sufrimiento y daño a los deportados, sino que financiaría y proporcionaría influencia política a un gobierno responsable de graves violaciones de los derechos humanos tanto en su país como en el extranjero», denunció De Montjoye.
La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea advirtió por su parte que cualquier tercer Estado receptor debe garantizar el respeto a las garantías básicas, impidiendo el traslado de personas hacia territorios donde corran grave riesgo de persecución y excluyendo de forma taxativa a los menores no acompañados.
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