La Fiscalía Europea hairrumpido este viernes 6 de noviembre de 2026 en las sedes madrileñas del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y el Tribunal de Cuentas para requerir expedientes de contratación.
La operación, ejecutada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se enmarca en una causa abierta de oficio por presuntos delitos de desvío de fondos europeos, fraude en subvenciones y malversación de caudales públicos.
Las pesquisas se centran en las partidas comunitarias destinadas a la renovación, señalización, sistemas de comunicaciones y mantenimiento de la seguridad en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, el mismo corredor en el que se produjo el grave accidente ferroviario del pasado 28 de octubre cerca de Urda (Toledo) tras una caída del sistema de seguridad LZB.
El organismo comunitario abrió las diligencias por iniciativa propia al tratarse de obras cofinanciadas con recursos de la Unión Europea. La institución confirmó públicamente el despliegue debido a la gravedad de los hechos y la conmoción social causada por el siniestro, manteniendo bajo reserva el contenido específico de los contratos requisados en los tres organismos.
Segundo antecedente judicial en el corredor del sur
Las actuaciones practicadas este viernes no representan el primer frente judicial sobre el mantenimiento de este trazado. El 20 de marzo de este mismo año, la Fiscalía Europea abrió de oficio otra investigación centrada en el estado de la infraestructura en las inmediaciones del kilómetro 318,7, a la altura de Adamuz (Córdoba), tras registrarse un accidente previo en la zona.
Por el momento, el órgano europeo no ha confirmado si existen vínculos directos entre ambas causas o si se trata de expedientes independientes.
Ninguna de las instituciones inspeccionadas ha ofrecido valoraciones oficiales sobre el desembarco de la UCO en sus dependencias. La Fiscalía Europea avanzó que no emitirá nuevos comunicados hasta que las pesquisas arrojen avances procesales de relevancia.
“La confirmación pública de las diligencias responde al gran interés público que ha despertado el caso”, precisó el organismo europeo tras decretar el secreto sobre el volumen total de los contratos auditados.
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