La marea no cede. Un total de 413 centros educativos franceses sufrieron este lunes bloqueos, paros y altercados en una nueva jornada de agitación estudiantil. La falta de profesores sustitutos y el deterioro progresivo de las aulas encendieron una mecha que se propaga por el país.
Las cifras oficiales del Ministerio de Educación muestran un descenso respecto a los 564 institutos afectados el viernes y los 610 del jueves, sobre un mapa nacional de 3.700 establecimientos, pero la inquietud no disminuye en los despachos del Gobierno. Un 40% de los recintos golpeados este lunes no había registrado incidentes previos. El movimiento busca nuevos frentes.
Violencia, arrestos masivos y heridos en las aulas
Lo que arrancó a mediados de septiembre en el cinturón metropolitano de París salta ya de región en región. Ciudades como Toulouse y la propia capital vivieron choques violentos, contenedores incendiados y barricadas a las puertas de los recintos escolarizados.
El saldo penal impresiona. Unas 5.000 personas terminaron arrestadas desde que prendió el conflicto. El 85% son menores de edad. Además, el balance institucional computa 24 establecimientos incendiados o saqueados y 78 trabajadores de la enseñanza lesionados durante las refriegas.
La tensión alcanzó cotas extremas en el sur. La Fiscalía prolongó este lunes la detención de un joven de 16 años acusado de rociar con gasolina a un docente en La Ciotat. En Aix-en-Provence, otro estudiante de 17 años afronta cargos tras el impacto de una piedra que provocó la pérdida de visión en un ojo a una mujer de 50 años. Episodios duros. Directos al expediente judicial.
El Gobierno alista un proyecto de ley punitivo
El ministro de Educación, Edouard Geffray, había anticipado un lunes crítico. Cumplido el pronóstico, las miradas gubernamentales se posan ahora sobre las universidades. Una treintena de campus sufrió bloqueos la semana pasada y la amenaza de una huelga superior para este martes mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad.
La respuesta del Ejecutivo será legislativa. El próximo 27 de octubre llegará al Parlamento un proyecto de ley destinado a obligar a los alborotadores a pagar de su bolsillo los destrozos causados en bienes públicos. Dureza financiera contra el vandalismo callejero.
La medida agita el debate social. Sindicatos y colectivos cívicos denuncian una desproporción policial sistemática contra adolescentes. Cinco investigaciones internas fiscalizan ya el comportamiento de los agentes sobre el terreno.
La Liga de Derechos Humanos advierte sobre grietas en el Estado de derecho, mientras el Gobierno reprocha a La Francia Insumisa azuzar el fuego universitario con fines electorales a seis meses de las presidenciales. La batalla por las aulas ha saltado directamente a la arena política.
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