La caída política de Santiago Peña se ha transformado en una causa penal de máxima gravedad. El Ministerio Público de Paraguay ha ordenado este viernes la detención inmediata del expresidente, a quien se le investiga por supuesta lesión de confianza y otros delitos en el marco del gigantesco escándalo financiero que rodea al colapso de Ueno Bank.
La orden de captura fue dictada de forma directa por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster, en colaboración con la agente de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos, Ruth Karina Benítez. El escrito judicial fue remitido con carácter urgente a la Comandancia de la Policía Nacional para proceder a su arresto y ejecución inapelable.
La medida llega horas después de que el Senado consumara su destitución definitiva tras una cascada de presiones institucionales y el desmoronamiento de los apoyos políticos del oficialismo. Los investigadores sostienen que el exmandatario mantuvo estrechos lazos accionariales y financieros con el holding responsable de la entidad bancaria quebrada, abriendo un frente judicial sin precedentes en la historia reciente de Asunción.
El rastro patrimonial y los vínculos societarios
Las pesquisas de la fiscalía anticorrupción se adentran en las declaraciones juradas y en los entramados societarios que salpican al ex jefe del Estado. Los documentos analizados por el Ministerio Público revelan que en el año 2023 el propio Peña declaró ante las autoridades ser accionista de Ueno Holding por un valor de 6.144 millones de guaraníes, títulos que posteriormente traspasó en una operación de venta ejecutada en abril de 2025. En su patrimonio también figuraban un certificado de depósito a plazo por valor de 2.400 millones de guaraníes en la misma entidad y bonos vinculados a la empresa tecnológica Itti.
Las ramificaciones del caso alcanzan también al entorno familiar del político destituido. El expediente fiscal apunta directamente a los movimientos societarios de su hermano, quien figura formalmente como socio de U Holding SARL, la estructura mercantil a través de la cual el grupo empresarial controlaba el conglomerado bancario investigado por la justicia.
Una orden de captura de cumplimiento obligatorio
La notificación remitida a la Policía Nacional no deja margen a la interpretación y exige una actuación inmediata de los cuerpos de seguridad para localizar y privar de libertad al exmandatario. Las brigadas anticorrupción buscan asegurar las pruebas documentales y evitar cualquier intento de obstrucción en una causa que mantiene colapsado el sistema financiero local y movilizada a la opinión pública paraguaya.
«La orden fue remitida de manera directa a la Comandancia de la Policía Nacional, con carácter de cumplimiento obligatorio, para proceder a la captura del exmandatario», confirmaron fuentes del Ministerio Público al ratificar el dispositivo policial en marcha.
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