Guatemala militariza el oriente tras la ofensiva contra narcos declarados terroristas

Fila de presuntos pandilleros con la cabeza rapada, el torso desnudo y tatuajes retenidos bajo custodia policial en Centroamérica Fila de presuntos pandilleros con la cabeza rapada, el torso desnudo y tatuajes retenidos bajo custodia policial en Centroamérica
Las fuerzas de seguridad de Guatemala han intensificado los operativos y allanamientos sin orden judicial tras decretar el estado de sitio contra las bandas criminales designadas como terroristas por Estados Unidos.

Cientos de soldados guatemaltecos, respaldados por vehículos blindados y helicópteros, tomaron posiciones este lunes 16 de noviembre en los departamentos orientales de Zacapa e Izabal para ejecutar el estado de sitio decretado durante 30 días por el Gobierno de Bernardo Arévalo.

La ofensiva militar busca recuperar el control territorial frente a los cárteles locales después de que Estados Unidos designara el pasado viernes a tres organizaciones criminales del país, Los Lorenzana, Los Mendoza y Los Huistas, como organizaciones terroristas extranjeras, y tras una cadena de ataques armados iniciada a finales de septiembre que ya deja al menos 17 muertos, incluidos el diputado Julio César Portillo y tres policías asesinados el viernes.

El despliegue moviliza alrededor de 600 efectivos del Ejército, la fuerza naval, la fuerza aérea y la Policía Nacional Civil, según confirmó el coronel Mynor Reyes, director de Prensa del Ministerio de la Defensa Nacional.

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La medida excepcional suspende durante un mes los derechos constitucionales de libre circulación, reunión y manifestación, facultando a las fuerzas de seguridad para realizar detenciones y allanamientos sin orden judicial previa.

“Venimos para quedarnos el tiempo que sea necesario”, sentenció en Zacapa el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien anunció la prohibición expresa de los “desfiles narcohípicos” con los que los grupos criminales exhibían su poderío público.

Control fronterizo y ofensiva contra el oro ilegal

La operación conjunta apunta a desmantelar las plantaciones ilícitas de marihuana, cocaína y heroína en Izabal, situado a unos 300 kilómetros al noreste de Ciudad de Guatemala, en la costa caribeña, así como a frenar la extracción ilegal de oro que nutre las arcas del crimen organizado.

El ministro de Defensa, Henry Sáenz, reconoció que la resolución emitida por Washington precipitó la intervención armada y ordenó blindar los pasos fronterizos con Honduras, además de intensificar los patrullajes en ríos y lagos empleados para el trasiego de estupefacientes.

Entre enero y octubre de 2026, Guatemala acumuló 2.616 homicidios, una leve reducción del 0,6 % respecto al año anterior según la Policía Nacional Civil.

El golpe financiero de Washington congela todos los activos bajo jurisdicción estadounidense de estas tres estructuras y prohíbe cualquier transacción con ellas, sumándolas a las más de 20 organizaciones latinoamericanas catalogadas como terroristas desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025. La sanción llegó semanas después de la visita a Guatemala de 14 fiscales estadounidenses para intercambiar expedientes criminales.

Los Lorenzana, el clan familiar heredero del contrabando

Zacapa, ubicado a unos 150 kilómetros al este de la capital, constituye el bastión histórico de Los Lorenzana, una estructura familiar que evolucionó del contrabando tradicional al narcotráfico internacional hace más de dos décadas mediante alianzas con el Cártel mexicano de Sinaloa.

Su fundador, Waldemar Lorenzana Lima, alias “El Patriarca”, fue capturado en 2011, extraditado a Estados Unidos en 2014 y condenado a 23 años de prisión tras delatar a sus socios e hijos antes de morir en una cárcel norteamericana en 2021.

Pese a aquellos golpes judiciales y a que antes de 2011 se les atribuían entre 20 y 25 asesinatos anuales, el relevo generacional mantiene activo al grupo. Hoy, el mando recae sobre Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, alias “Haroldito”, nieto del fundador, por quien Washington ofrece una recompensa de cinco millones de dólares mientras el clan extiende sus tentáculos hacia Chiquimula, Izabal, Verapaz, Honduras y Venezuela.

Los Mendoza, cuatro décadas de logística e impunidad

Emparentados con los Lorenzana y fundados en la década de 1980, Los Mendoza representan una de las redes criminales más antiguas de Guatemala, encabezada por Haroldo, Walter Obdulio, Milton Oswaldo y Edwin Alfredo Mendoza Matta.

El expresidente Álvaro Colom llegó a describirlos como esos «narcos que nadie toca», reflejo de su profunda penetración política y económica cimentada en el despojo de tierras, la ganadería, negocios agrícolas, inversiones inmobiliarias y asesinatos por encargo.

El Departamento del Tesoro estadounidense, dirigido por Scott Bessent, identifica a esta organización como un operador logístico indispensable para el Cártel de Sinaloa, facilitándole pistas clandestinas, almacenes y cruces fronterizos en San Marcos, Huehuetenango y Petén.

Aunque Haroldo y Walter Obdulio cumplieron penas de cárcel en Guatemala sin ser extraditados y hoy permanecen libres, su dominio territorial en Izabal ha sufrido el embate de grupos rivales como Los Zetas mexicanos.

Los Huistas, autonomía armada en la frontera con Chiapas

En el montañoso departamento occidental de Huehuetenango, limítrofe con el estado mexicano de Chiapas, operan desde finales de los años noventa Los Huistas. Tras colaborar inicialmente con los cárteles de Sinaloa y del Golfo, desarrollaron una estructura logística propia que el Tesoro norteamericano define como un eslabón determinante en el tránsito de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos.

Ni las capturas de sus cabecillas Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias “Chicharra”, ni la detención este mismo año en California de Eugenio Darío Molina López, alias “Don Darío”, han frenado sus envíos.

Su alcance institucional quedó expuesto con el caso de Freddy Arnoldo Salazar Flores, diputado al Parlamento Centroamericano y yerno de “Chicharra”, acusado en 2017 por la justicia estadounidense de conspirar para traficar cocaína y quien permanece a la espera de sentencia tras entregarse voluntariamente en mayo de 2025, dejando en el aire si el despliegue militar logrará quebrantar décadas de arraigo criminal en las fronteras guatemaltecas.

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