Huelga sin precedentes de abogados penales se inició hoy en Inglaterra y Gales

Una huelga sin precedentes de abogados penales se inició hoy en Inglaterra y Gales, por la negativa del gobierno a aumentar en un 15 por ciento el pago del llamado esquema de ayuda legal, que asesora a los sospechosos que no tienen recursos en su proceso judicial.

Casi 2.500 abogados que son esenciales para el sistema de justicia penal en Inglaterra y Gales están iniciando una acción industrial por preocupaciones sobre la financiación de la asistencia jurídica.

Se negarán a intervenir en el último minuto para recoger las comparecencias ante el tribunal o el trabajo preparatorio para los colegas cuyos casos están sobrecargados.

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Se deriva de una disputa no resuelta con el gobierno sobre la financiación de estas funciones.

El gobierno dijo que la acción empeoraría los retrasos existentes en la decisión de casos judiciales.

Criminal Bar Association (CBA) que reúne a los abogados penales acusó al gobierno de retrasar la implementación de un aumento del 15% en las tarifas de asistencia legal, según lo recomendado por una revisión independiente.

La Asociación de Abogados Penales dijo que el 15% era el mínimo necesario para evitar que el sistema colapsara.

Cifras publicadas la semana pasada revelaron que el 10% de los abogados penalistas renunciaron el año pasado, y que las medidas del gobierno para reducir la acumulación de casos en todo el país avanzan lentamente.

La acción, apoyada por cerca del 90% de los abogados penalistas, comenzó esta mañana.

Una revisión independiente del año pasado advirtió que los tribunales podrían detenerse sin una inyección inmediata de 135 millones de libras esterlinas en el sistema de asistencia legal.


La revisión, lanzada después de las predicciones de que el sistema podría colapsar, determinó que los ministros deberían encontrar los fondos para revertir una gran pérdida de abogados que son vitales para el proceso.


El sistema de asistencia legal de Inglaterra y Gales garantiza que los sospechosos que no pueden pagar un abogado estén debidamente asesorados y representados, en todo el proceso desde el momento de la entrevista con la policía hasta el juicio ante un tribunal.

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El sistema es fundamental para mantener la justicia en movimiento al ahorrar tiempo en la corte y garantizar que los acusados tengan un juicio justo.

Sin embargo, los montos pagados por este trabajo han sido congelados y luego recortados en los últimos 25 años.

En una revisión independiente, se apoyó muchas de las preocupaciones de los abogados y se instó a los ministros a encontrar un mínimo de £ 135 millones para detener el éxodo de abogados de la justicia penal y ayudar a abordar la acumulación actual de 59.000 casos en el sistema judicial británico.

«135 millones de libras esterlinas es el mínimo necesario como primer paso para recuperar la salud del sistema de asistencia legal penal después de años de negligencia», se dijo.

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