Santiago Peña ha renunciado este jueves a la presidencia de Paraguay acorralado por el estrepitoso desplome del Ueno Bank, una crisis bancaria que ha dejado congelados los fondos de casi tres millones de clientes y ha dinamitado los cimientos políticos de su gobierno.
El mandatario, que asumió el poder en agosto de 2023 impulsado por el peso incontestable del Partido Colorado y la tutela del exmandatario Horacio Cartes, optó por dar un paso al costado ante el inminente avance de un juicio político en el Congreso impulsado por las propias bases de su formación política.
La debacle financiera comenzó a fraguarse el pasado mes de octubre, cuando el Banco Central de Paraguay abrió una investigación sobre la sostenibilidad de la entidad tras propagarse por el mercado local los rumores de su incapacidad para hacer frente a los compromisos de pago.
Los vínculos entre el poder ejecutivo y el banco intervenido eran profundos: el fundador de la entidad, Juan Vázquez, mantenía una estrecha relación con el presidente, y múltiples instituciones públicas, como el Instituto de Previsión Social, habían canalizado fondos y contratado servicios digitales con el holding bancario, desatando feroces denuncias opositoras por el desvío de recursos estatales.
Sucesión cartista y un juicio político inevitable
La caída en desgracia de Peña reconfigura de inmediato el tablero político en Asunción. La dirección del Partido Colorado, controlada firmemente por Horacio Cartes, retiró su respaldo al mandatario al considerar insostenible el coste político de una crisis que afecta a cerca de la mitad de la población del país.
El Congreso Nacional activó de inmediato los mecanismos de sustitución institucional para asegurar la continuidad del partido en el poder, designando a Pedro Alliana para ocupar la jefatura del Ejecutivo y al senador Antonio ‘Tony’ Barrios como nuevo vicepresidente en una transición fuertemente controlada por el cartismo.
A pesar de haber formalizado su dimisión, el proceso de destitución en el ámbito parlamentario continúa su curso con implicaciones jurídicas de primer orden para el dirigente saliente.
La continuación del juicio político en el Senado determinará si Peña pierde definitivamente su condición de senador vitalicio y queda desprovisto de los fueros institucionales, un blindaje clave ante las investigaciones de la Fiscalía, que según fuentes de la televisión paraguaya ya prepara una orden de captura en su contra por presuntas irregularidades vinculadas a la quiebra bancaria.
“Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa; lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”, defendió el propio Peña a través de un mensaje difundido en la red social X para confirmar su comparecencia ante la Cámara Alta.
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