La secretaria del Interior, Priti Patel, prometió seguir adelante con su plan de deportación a Ruanda de migrantes ilegales que lleguen por el Canal de la Mancha, esto pese que un primer vuelo debió cancelarse anoche tarde, por orden del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de detener el primer avión 20 minutos antes de su despegue.
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La decisión de un juez europeo ‘fuera de horario’ de dejar en tierra un vuelo que transportaba inmigrantes a Ruanda desde el Reino Unido fue calificada de ‘abominación’ cuando 300 personas más cruzaron el Canal en frágiles botes que estuvieron peligrosamente cerca de ser derribados por enormes camiones cisterna.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha sido acusado de socavar la soberanía británica después de que concedió una medida cautelar de última hora a un ciudadano iraquí, conocido como KN, alrededor de las 6:30 p. m., solo cuatro horas antes de que el Boeing 767 saliera de la base aérea de Wiltshire.
La intervención del TEDH, tras 11 horas de deliberaciones, se produjo poco después de que la Corte Suprema, el tribunal más alto del Reino Unido, rechazara su declaración a pesar de la presión del arzobispo de Canterbury, Justin Welby, quien criticó la política de Ruanda como «inmoral», y el príncipe Carlos la describió como «espantosa».
Pero el juicio de Estrasburgo significó que los abogados que representaban a los seis inmigrantes restantes a bordo, incluidos más iraquíes, un iraní, un vietnamita y un albanés, pudieran presentar nuevas apelaciones ante los jueces en Londres antes de que el Ministerio del Interior finalmente anulara sus órdenes de expulsión. A las 10 de la noche, un único migrante estaba a bordo del avión, cuyo flete le costó al contribuyente al menos 500.000 libras esterlinas, cuando le dijeron que no volaría a África.
La disputa ha provocado indignación entre los parlamentarios conservadores.
Más temprano, el Primer Ministro había planteado la idea de que el Reino Unido se alejara del CEDH. Una fuente de Downing Street le dijo al Daily Mail: «Es una abominación que después de que los tribunales nacionales hayan fallado repetidamente a favor del gobierno, que un juez fuera de horario en el Tribunal Europeo haya intervenido para bloquear la expulsión de inmigrantes ilegales a Ruanda».
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La decisión es un golpe significativo y embarazoso para Boris Johnson y su secretario del Interior, Priti Patel, que habían prometido comenzar a enviar a miles de solicitantes de asilo 4.000 millas al país de África oriental en mayo.
Se produce horas después de que el primer ministro amenazara con sacar al Reino Unido del TEDH y acusara a los abogados de ayudar a los delincuentes que explotan a los refugiados en el Canal.
La legalidad de la política de Ruanda se pondrá a prueba en una audiencia judicial completa el próximo mes.
En respuesta a la decisión, Patel dijo que estaba «decepcionada» por la impugnación legal, hizo críticas agudas a la sentencia del tribunal europeo y dijo que la política continuará.
«No nos disuadiremos de hacer lo correcto y cumplir nuestros planes para controlar las fronteras de nuestra nación», dijo. «Nuestro equipo legal está revisando cada decisión tomada en este vuelo y la preparación para el próximo vuelo comienza ahora».
El gobierno ruandés dijo el miércoles que todavía estaba comprometido a acoger a los solicitantes de asilo enviados por el Reino Unido. “No nos disuaden estos acontecimientos. Ruanda sigue plenamente comprometida a hacer que esta asociación funcione», dijo la portavoz del gobierno Yolande Makolo a la AFP.
«La situación actual de las personas que realizan viajes peligrosos no puede continuar, ya que está causando un sufrimiento indecible a tantos. Ruanda está dispuesta a recibir a los migrantes cuando lleguen y ofrecerles seguridad y oportunidades en nuestro país».
El vuelo, que costó aproximadamente 500.000 libras esterlinas, ya había sido pagado con cargo al erario público, confirmó una fuente gubernamental. El gobierno del Reino Unido ha pagado 120 millones de libras esterlinas como pago inicial del acuerdo con Ruanda. El gobierno se ha negado a decir cuánto ha pagado en costos legales, y no ha dicho cuánto espera pagar por futuros vuelos, alojamiento y costos de vida para todos los enviados a Ruanda.
