Piden cárcel de 10 años por drogar a víctimas con inyecciones o bebidas en bares y Nightclubs

El Parlamento británico está evaluando una ley que imponga cárcel de 10 años por intentos de drogar a víctimas con bebidas contaminadas o inyecciones con sustancias desconocidas en bares y nightclubs por considerarlo como un «delito invisible» sin una acción urgente del gobierno.

Los parlamentarios del comité de asuntos internos de todos los partidos también pidieron que todas las presuntas víctimas de pinchazos se hicieran pruebas de drogas, y los clubes y pubs deberían verse obligados a abordar los problemas con el aumento como parte de la renovación de su licencia.

Las medidas siguen a la investigación que encontró que una de cada nueve mujeres había sido drogada, pero los parlamentarios dijeron que era difícil saber la verdadera escala debido a una cultura de culpar a las víctimas y a muchos incidentes que no se denunciaban.

El comité dijo que un nuevo delito penal por pinchos, que el Gobierno está considerando, indicaría a los atacantes que se enfrentaban a penas severas, alentaría a más víctimas a denunciar y mejoraría la recopilación de datos.

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Los parlamentarios dijeron que esto debería ir acompañado de una campaña nacional, alentando a las víctimas a denunciar los ataques incluso si tenían que hacerlo de forma anónima y dejando claro a los perpetradores que el aumento podría conducir a hasta 10 años de cárcel.

No existe ningún delito específico de spacking de bebidas o agujas que deba ser procesado en virtud de otras leyes, incluida la ley de delitos sexuales.

Los parlamentarios que instaron a los ministros a informar sobre los avances dijeron que las autoridades locales y las autoridades de concesión de licencias necesitaban garantizar que los lugares tuvieran una seguridad adecuada y personal capacitado para identificar los picos, dijo.

Los lugares con un mal historial de aumentos y cuestiones más amplias relacionadas con la violencia contra la mujer deben tener medidas de mejora necesarias como parte de la renovación de su licencia.

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Los diputados dijeron que la inadecuada capacidad de pruebas forenses era otro problema. Dijeron que el Gobierno «debería introducir el deber de todas las fuerzas policiales de proporcionar a aquellos que denuncien cualquier incidente de púas el servicio de pruebas rápidas introducido en respuesta al brote de casos de drogados de agujas».

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